La Plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte valora las enmiendas presentadas por Podemos a la Ley de Movilidad Sostenible

La Plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte, integrada por controladores aéreos (USCA), representantes de los marinos mercantes (COMME), pilotos (Sepla) y maquinistas ferroviarios (SEMAF), valora positivamente las enmiendas que el grupo parlamentario Podemos ha presentado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, y que demuestran su receptividad ante nuestra labor en favor de la seguridad.

Una de estas enmiendas hace referencia a la necesidad de que la nueva ley proteja a los profesionales del transporte a la hora de informar sobre cuestiones que afecten a la seguridad, o de tomar decisiones que puedan “paralizar el comienzo o la continuación del trayecto” ante la sospecha de posibles riegos para la seguridad, sin que ello suponga ningún perjuicio para el profesional.

La inclusión de esta enmienda en la nueva ley evitaría que se repitieran casos tan lamentables como el despido por parte de SAERCO en 2017 de dos controladores aéreos que, por cuestiones de seguridad, no acataron la orden de la dirección del aeropuerto de Fuerteventura de ampliar el horario de las instalaciones. A pesar de que ambos despidos fueron declarados improcedentes en Sede judicial, la empresa no readmitió a los trabajadores.

Asimismo, en 2021 la compañía Canair, filial de Binter Canarias, despidió a dos pilotos después de que éstos reportaran falta de seguridad a la hora de sobrevolar espacios afectados por las cenizas volcánicas.

En su otra enmienda, Podemos solicita que la nueva ley establezca la titularidad pública del servicio de las torres de control, considerándolo un “elemento estratégico de la seguridad nacional”, por lo que propone que se mantenga el carácter público de las torres que ya lo tienen y que, en aquellas en las que el servicio se ha privatizado, regrese de nuevo al sector público una vez finalizados los actuales contratos.

Además de la colaboración de Podemos, la presentación de estas dos enmiendas ha sido posible gracias al laborioso trabajo desarrollado por los distintos miembros de la plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte, cuyo principal objetivo es garantizar la seguridad de todas las operaciones.

Esta plataforma espera que el resto de los grupos parlamentarios se muestren igualmente receptivos a sus demandas en favor de la seguridad, para que las citadas enmiendas puedas ser aprobadas.

USCA agradece el apoyo de los Comités de Centro en defensa de las torres de control públicas

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Los Comités de Centro de los aeropuertos de Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Tenerife Sur queremos hacer público nuestro rechazo a la decisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana de continuar privatizando las torres de control.

El proyeto de orden ministerial promovido por el MITMA solamente favorece a Aena y a las diferentes empresas proveedoras de control aéreo, y no tiene ningún beneficio en el usuario, al contrario de lo argumentado por la ministra de transportes y por la propia Aena.

Entendemos que Enaire, como poseedora del 51% de Aena debe exigir que prevalezca el interés general por encima de los intereses particulares de los accionistas de Aena, y pedir igualmente que las torres continúen siendo públicas.

La realidad es que las torres de control públicas son eficientes, el supuesto ahorro que esgrime Aena está en el concurso de adjudicación del servicio, ahorro que repercute directamente en los trabajadores, con contratos cada vez más precarios,siendo los controladores aéreos con peores condiciones de toda Europa.

En las Torres privatizadas las plantillas están demasiado ajustadas y detrás de un supuesto modelo más optimizado y adaptado al tráfico se esconden presiones laborales, contra la libertad sindical y ocultación de incidentes.

La realidad es que el informe de 2018 de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia «Estudio de los Servicios de Tránsito Aéreo en España» expone una disminución de costes de un 60% en las torres liberalizadas entre 2012 y 2017 y, en contra de lo que dice Aena de una supuesta bajada de tarifas, esta no sólo no se ha producido, sino que las mismas han subido un 4,4%

Por todo lo expuesto pedimos la retirada de la orden ministerial, y el inicio de un debate para revertir la privatización de las torres de control y de Aena, ya que está demostrado que no aporta beneficios al usuario, y sólo está concebida para incremento de ingresos de Aena, que sigue con beneficios millonarios (más de 900 millones de euros en 2022), mientras continúa precarizando trabajadores y descuidando infraestructuras aeroportuarias.

VALORACIÓN DEL PRIMER DÍA DE HUELGA EN TORRES DE CONTROL PRIVATIZADAS

.- Gavà, 1 de febrero de 2023

.-Los sindicatos USCA y CCOO convocan huelga los días 30 de enero y 6, 13, 20 y 27 de febrero de 2023 ante el fracaso de las negociaciones del IV Convenio colectivo.
.- En esta convocatoria participan los profesionales que prestan servicio de control en las torres de A Coruña, Alicante-Elche, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo.

El lunes 30 de enero, tuvo lugar la primera huelga sectorial en las Torres de Control Privatizadas. El seguimiento ha sido absoluto entre los trabajadores afectados, por lo que la valoración de los Sindicatos Convocantes, USCA y CCOO, es positiva al considerar que la respuesta de respaldo absoluto dada por los trabajadores llena de razones el camino emprendido.
Los servicios mínimos decretados por la Secretaría de Estado de Transportes, han sido aprovechados por la Patronal para nombrar unos servicios mínimos que impiden ejercer el derecho a la huelga, ya que han afectado al cien por cien de la plantilla.La atención a los servicios de las escuelas de pilotos, a nuestro entender, no debieran ser considerados servicios esenciales puesto que no están recogidos en la notificación ministerial.
Cubrir los servicios en los fanales por parte de los Jefes de las dependencias que, a pesar de tener la habilitación para ello no ejercen esa función habitualmente, han sido intentos de minimizar una más que justificada reivindicación pretendiendo dar la imagen de una “normalidad” cuando el conjunto de los trabajadores apoyaba la convocatoria.
Estas prácticas, y en especial SAERCO, han sido utilizadas por las Patronales del Sector para intentar acallar una reivindicación de los trabajadores del Sector que lo único que pretenden es el mantenimiento de sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales y salariales.
Desde los Sindicatos convocantes, CCOO y USCA, queremos dejar bien claro que este empecinamiento de la Patronal no conseguirá acallar la voz de los trabajadores. Su intransigencia lo único que provocará será tensionar la situación que entendemos en nada favorece al desempeño de una actividad laboral que necesita un clima laboral de tranquilidad.
No tenemos mucha o ninguna confianza en que se produzca un cambio sustancial en los próximos días por los que prevemos que el conflicto, muy a nuestro pesar, continúe.

USCA y CCOO convocan huelga de controladores aéreos en las torres de control privatizadas

Los sindicatos USCA y CCOO dan por rotas las negociaciones con la asociación empresarial APCTA que engloba a los proveedores privados del mercado liberalizado SAERCO y FerroNATS, y convocan huelga a partir del día 30 de enero y los lunes siguientes hasta el día 27 de febrero en todos los turnos de trabajo que comiencen entre las 00:00 y las 24:00.

Pese a que las negociaciones se realizan a nivel de la patronal del sector, ambos sindicatos critican especialmente la actitud de SAERCO, contrario a conseguir ningún tipo de acuerdo, que ha obstaculizado desde el primer momento las propuestas que los representantes de los trabajadores presentaban en las diferentes reuniones negociadoras.

Con FerroNATS, sin embargo, se han alcanzado significativos puntos en común sin que haya sido posible atraer a SAERCO al consenso de las otras partes, sin la cual no se puede llevar a buen término la negociación y completar la firma del nuevo convenio.

Los sindicatos de controladores aéreos han intentado llegar a un acuerdo, cediendo importantes cuestiones, en este momento de recuperación de tráfico aéreo, pero desde los sindicatos de controladores advierten de que el sistema no puede funcionar basado en esfuerzos de una plantilla fatigada y con recortes constantes de derechos consolidados en el pasado.

Tras el fracaso de las negociaciones, los controladores se han visto obligados a esta convocatoria, con la que pretenden que se retomen las negociaciones para poder avanzar realmente en la consecución de un nuevo convenio, más necesario en este momento de recuperación de tráfico aéreo, y más aún cuando la imagen de la principal actividad económica del país se vería perjudicada por el nivel de demoras de sus aeropuertos.

USCA desmiente que los controladores aéreos de Enaire hayan convocado una huelga

USCA quiere desmentir las informaciones que se han publicado en las últimas horas en varios medios de comunicación en las que se afirma que los controladores aéreos se han sumado a una convocatoria de huelga de trabajadores de Aena y Enaire para los próximos días.

La huelga ha sido convocada por otro sindicato y sus reivindicaciones no afectan a los controladores aéreos, sino a trabajadores de Enaire y Aena que pertenecen a otro convenio colectivo diferente.

USCA CELEBRA SU 34º CONGRESO NACIONAL EN BILBAO

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La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) celebrará los próximos días 22, 23 y 24 de noviembre su 34º Congreso Nacional, que este año tendrá lugar en Bilbao y al que asistirán unos noventa controladores aéreos procedentes de los distintos centros y torres de control de España.

El congreso servirá para analizar la actualidad del sector aéreo, así como los retos profesionales, laborales y sindicales a los que se enfrenta el colectivo de controladores aéreos españoles.

El evento no sólo contará con la presencia de la Junta Directiva de USCA, sus secretarios, delegados y colaboradores, sino también con la de representantes de Enaire, SEPLA, COMME y SEMAF, así como de sindicatos y asociaciones de controladores aéreos de otros países.

El miércoles 23 de noviembre a las 11.30 tendrá lugar un encuentro con los medios de comunicación en el que se les informará a cerca de los principales asuntos tratados en el congreso y en el que se responderá a cualquier duda que dichos medios quieran plantear.

USCA exige responsabilidades políticas tras la absolución judicial de 131 controladores aéreos

Tras la absolución definitiva por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de los 131 controladores aéreos que habían sido condenados por el supuesto abandono de sus puestos de trabajo en diciembre de 2010, USCA exige responsabilidades políticas a quienes les acusaron e incluso llegaron a decretar el Estado de Alarma por un abandono que ahora se ha demostrado inexistente.
La Justicia ha dado así la razón a un grupo de controladores que, a pesar de haber sido condenados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid por delitos de abandono del servicio, nunca se rindieron y decidieron recurrir la sentencia.
La Audiencia Provincial de Madrid absuelve también a los compañeros que decidieron llegar a un acuerdo con la Fiscalía y autoinculparse para terminar con el calvario que llevaban padeciendo más de diez años, sin ningún tipo de resolución judicial, con nueve cambios de jueces, con constantes presiones y con un incesante linchamiento mediático.
La sentencia, que no tiene posibilidad de recurso, se refiere claramente a un “cierre patronal”, lo cual confirma la tesis defendida por USCA desde el primer momento de que los controladores acusados eran totalmente inocentes, ya que ninguno abandonó su puesto de trabajo, y que fue Aena la que tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo.
La nueva resolución judicial se encuentra en la misma línea que la sentencia emitida en 2014 por el juez de Instrucción de Santiago José Antonio Vázquez Taín, que ya hablaba de ”decisión política” y de “cierre patronal”.
USCA quiere recordar que, tras ese cierre patronal, Aena despidió a un compañero del Centro de Control de Santiago, Marco Enríquez, por lo que ahora exige que se diriman las responsabilidades de quienes tomaron esa decisión claramente injustificada.
Tras más de once años de padecimiento por parte de los controladores acusados de un delito que nunca cometieron, y de manera indirecta por todo el colectivo, USCA está estudiando la posibilidad de emprender las acciones jurídicas abiertas por la publicación de esta sentencia.

SEPLA y USCA denuncian la impunidad de las empresas que despiden a sus trabajadores por tomar decisiones de seguridad

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) quieren denunciar la impunidad de las empresas que despiden a sus trabajadores por cumplir con su obligación de tomar decisiones técnicas de seguridad que protejan a los pasajeros.

Así ha ocurrido recientemente en Canarias, donde Canair, una filial de Binter Canarias, ha despedido a tres pilotos que reportaron incidencias o se negaron a volar en espacio aéreo afectado por cenizas volcánicas, al considerar que no se daban las necesarias condiciones de seguridad operacional.

El Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado la nulidad solicitada por Sepla y ha declarado la improcedencia de los despidos, dejando a estos pilotos en absoluto desamparo laboral y consagrando la impunidad de este tipo de empresas, que anteponen sus criterios económicos a la seguridad.

También el colectivo de controladores aéreos se ha visto afectado en los últimos años por varios despidos que a juicio de USCA no estaban justificados, como los llevados a cabo por SAERCO en 2017 contra dos compañeros que, por cuestiones de seguridad, no acataron la orden de la dirección del aeropuerto de Fuerteventura de ampliar el horario de las instalaciones. A pesar de que ambos despidos fueron declarados improcedentes en Sede judicial, la empresa no readmitió a los trabajadores.

Sepla y USCA trasladaron este lunes su descontento al  Consejero de Transportes del Gobierno del Cabildo, Sebastián Franquis Verá, y solicitaron una reunión urgente con el Ministerio de Transportes para abordar este asunto y garantizar que se protejan este tipo de decisiones que afectan a  la seguridad aérea.

Los profesionales del transporte deben sentirse respaldados y seguros en el desempeño de sus funciones, que en ocasiones implica adoptar decisiones de seguridad que pueden suponer un sobrecoste para las aerolíneas o para los proveedores de navegación aérea, pero que se toman por cuestiones estrictas de seguridad operacional y pueden evitar accidentes y salvar vidas.

Durante la erupción del volcán Cumbre Vieja en la Isla de La Palma, los tres pilotos ahora despedidos decidieron, en diferentes vuelos, seguir su criterio profesional en contra de la voluntad de la dirección de operaciones: desde no iniciar un vuelo que consideraban peligroso, hasta rodear una nube volcánica en lugar de atravesarla. Las cenizas volcánicas son un material que puede dañar seriamente el fuselaje y los motores de los aviones, y por ello los pilotos valoraron riesgos antes de iniciar un vuelo que podría ser peligroso.

Dos semanas después de reportar el riesgo que esto hubiera supuesto para la seguridad del vuelo, la compañía les despidió con una carta en la que se limitaba a alegar “pérdida de confianza”.

Sepla pidió la nulidad de los despidos, pero la sentencia se limita a aceptar su improcedencia, solicitando una indemnización para los trabajadores. No hay en toda la sentencia ni una sola alusión a la seguridad aérea ni a los conceptos de cultura justa, según los cuales los profesionales de la aviación deben sentirse libres y protegidos para informar sobre cualquier cuestión relacionada con la seguridad. Al mismo tiempo, acepta que no existe justificación para el despido, tal y como la propia empresa reconoció en el juicio.

Sepla dará todo su apoyo para recurrir la sentencia, que considera gravemente lesiva no sólo para el propio trabajador, sino para todos los pilotos de esa aerolínea, con el objetivo de que en el futuro éstos puedan tomar las decisiones de seguridad correctas sin miedo a perder después su puesto de trabajo tras una improcedente “falta de confianza”.

La Plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte se muestra muy crítica ante la nueva Autoridad de Investigación de Accidentes

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La plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte, integrada por representantes de los marinos mercantes (COMME), pilotos (Sepla), controladores aéreos (USCA) y maquinistas ferroviarios (Semaf),quiere poner de manifiesto su rechazo a la nueva Autoridad creada por el Gobierno para investigar los accidentes del transporte, ya que considera que ésta será igual de ineficiente que las tres comisiones a las que sustituye.

El proyecto de ley presentado el pasado martes por el Gobierno no contempla las principales alegaciones que los representantes de los profesionales del transporte hicieron el pasado verano, por lo que es ajena a los criterios profesionales de quienes defienden la seguridad del transporte y sus pasajeros.

Así pues,dicho proyecto de ley incurre en las mismas deficiencias que han tenido históricamente las tres comisiones de investigación que ahora se fusionan -la CIAIAC, que investiga los accidentes de aviación civil, la CIAF, que investiga los de tren, y la CIAIM, que investiga los marítimos- lo que hará que sus investigaciones carezcan de la necesaria calidad, profundidad e independencia para mejorar la seguridad del transporte.

En concreto, son cuatro las deficiencias de las que esta comisión sigue adoleciendo: falta de independencia orgánica, carencia de conocimiento de los miembros, escasez de autonomía de la investigación con respecto a un proceso penal y falta de protección de las decisiones sobre seguridad.

Con respecto a la independencia orgánica, la AITAT (Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los Modos de Transporte) sigue dependiendo del Ministerio de Transportes, por lo que sus investigaciones pueden estar contaminadas desde el principio, ya que muchas veces la investigación deberá centrarse en la actuación del propio Ministerio. En otras palabras, el investigador depende orgánica y jerárquicamente del investigado.

Además, la composición de este organismo no cuenta con profesionales del sector del transporte, por lo que se obvia el necesario punto de vista de quienes trabajan en él a diario, eliminando la pluralidad.

En cuanto a los posibles procesos penales, el poder judicial puede interferir según el texto en la investigación técnica de un accidente incautando pruebas y declaraciones para abrir una diligencia, lo cual supone un atentado contra los principios de cultura justa reconocidos por OACI (Organización Internacional de Aviación Civil) y por ERA (Agencia Ferroviaria Europea), ya que puede propiciar que las personas investigadas no faciliten toda la información por temor a que se abra contra ellos un proceso penal.

El texto tampoco protege las decisiones que los trabajadores del transporte puedan tomar por motivos exclusivamente de seguridad, una protección que debería quedar totalmente blindada si se quieren evitar episodios como el vivido recientemente en Canarias, donde la compañía Canair ha despedido a dos pilotos alegando “falta de confianza”, después de que éstos reportaran falta de seguridad a la hora de sobrevolar espacios afectados por las cenizas volcánicas.

“Los pilotos no pueden tener miedo a ser despedidos si se niegan a acatar una orden que atenta contra la seguridad de sus pasajeros” ha manifestado Óscar Sanguino, presidente de Sepla.

También el colectivo de controladores aéreos se ha visto afectado en los últimos años por varios despidos que a juicio de USCA no estaban justificados, como los llevados a cabo por SAERCO en 2017 contra dos compañeros que, por cuestiones de seguridad, no acataron la orden de la dirección del aeropuerto de Fuerteventura de ampliar el horario de las instalaciones. A pesar de que ambos despidos fueron declarados improcedentes en Sede judicial, la empresa no readmitió alos trabajadores.

La plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte seguirá trabajando para que el proyecto de ley definitivo tenga en cuenta los puntos de vista de sus profesionales.

USCA CELEBRA EN BARCELONA SU 33º CONGRESO NACIONAL

Alrededor de ochenta controladores aéreos se reunirán en Barcelona entre los días 18 y 20 de octubre para celebrar el 33º Congreso Nacional de USCA, en el que analizarán y debatirán los principales retos que afronta el colectivo.   Después de que el año pasado tuviese que celebrarse por vía digital debido a las restricciones sanitarias, el congreso de USCA retoma este año nuevamente su habitual formato presencial, con la participación de Junta Directiva, miembros de secretarías, delegados y colaboradores del sindicato.
Uno de los asuntos que sin duda centrará el debate de este congreso será la indignación que ha provocado en el colectivo la decisión que recientemente ha tomado Enaire, sin previo aviso, de proceder a la “jubilación” forzosa de los controladores mayores de 65 años, lo cual significa de facto su despido fulminante después de 36 ó 37 años de servicio.
Asimismo, el congreso servirá apara analizar y denunciar la modificación unilateral de la planificación de personal por parte de Enaire, pactada en el acuerdo de bases de 2018 hasta el año 2025, que nos obliga a afrontar la fase de recuperación de tráfico pospandemia con unas cifras de carencia de personal alarmantes. Esto supondrá que, si se cumplen las previsiones de tráfico de Eurocontrol, en el año 2022 nos enfrentaremos a un escenario de demoras en la red de Enaire.
Igualmente también se analizará en el congreso el retraso en la negociación del III Convenio Colectivo Profesional, únicamente achacable a la empresa por la ausencia de propuestas alternativas a las realizadas por este sindicato.