Los Comités de Centro de los aeropuertos de Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Tenerife Sur queremos hacer público nuestro rechazo a la decisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana de continuar privatizando las torres de control.
El proyeto de orden ministerial promovido por el MITMA solamente favorece a Aena y a las diferentes empresas proveedoras de control aéreo, y no tiene ningún beneficio en el usuario, al contrario de lo argumentado por la ministra de transportes y por la propia Aena.
Entendemos que Enaire, como poseedora del 51% de Aena debe exigir que prevalezca el interés general por encima de los intereses particulares de los accionistas de Aena, y pedir igualmente que las torres continúen siendo públicas.
La realidad es que las torres de control públicas son eficientes, el supuesto ahorro que esgrime Aena está en el concurso de adjudicación del servicio, ahorro que repercute directamente en los trabajadores, con contratos cada vez más precarios,siendo los controladores aéreos con peores condiciones de toda Europa.
En las Torres privatizadas las plantillas están demasiado ajustadas y detrás de un supuesto modelo más optimizado y adaptado al tráfico se esconden presiones laborales, contra la libertad sindical y ocultación de incidentes.
La realidad es que el informe de 2018 de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia «Estudio de los Servicios de Tránsito Aéreo en España» expone una disminución de costes de un 60% en las torres liberalizadas entre 2012 y 2017 y, en contra de lo que dice Aena de una supuesta bajada de tarifas, esta no sólo no se ha producido, sino que las mismas han subido un 4,4%
Por todo lo expuesto pedimos la retirada de la orden ministerial, y el inicio de un debate para revertir la privatización de las torres de control y de Aena, ya que está demostrado que no aporta beneficios al usuario, y sólo está concebida para incremento de ingresos de Aena, que sigue con beneficios millonarios (más de 900 millones de euros en 2022), mientras continúa precarizando trabajadores y descuidando infraestructuras aeroportuarias.
