La plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte, integrada por representantes de los marinos mercantes (COMME), pilotos (Sepla), controladores aéreos (USCA) y maquinistas ferroviarios (Semaf),quiere poner de manifiesto su rechazo a la nueva Autoridad creada por el Gobierno para investigar los accidentes del transporte, ya que considera que ésta será igual de ineficiente que las tres comisiones a las que sustituye.
El proyecto de ley presentado el pasado martes por el Gobierno no contempla las principales alegaciones que los representantes de los profesionales del transporte hicieron el pasado verano, por lo que es ajena a los criterios profesionales de quienes defienden la seguridad del transporte y sus pasajeros.
Así pues,dicho proyecto de ley incurre en las mismas deficiencias que han tenido históricamente las tres comisiones de investigación que ahora se fusionan -la CIAIAC, que investiga los accidentes de aviación civil, la CIAF, que investiga los de tren, y la CIAIM, que investiga los marítimos- lo que hará que sus investigaciones carezcan de la necesaria calidad, profundidad e independencia para mejorar la seguridad del transporte.
En concreto, son cuatro las deficiencias de las que esta comisión sigue adoleciendo: falta de independencia orgánica, carencia de conocimiento de los miembros, escasez de autonomía de la investigación con respecto a un proceso penal y falta de protección de las decisiones sobre seguridad.
Con respecto a la independencia orgánica, la AITAT (Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los Modos de Transporte) sigue dependiendo del Ministerio de Transportes, por lo que sus investigaciones pueden estar contaminadas desde el principio, ya que muchas veces la investigación deberá centrarse en la actuación del propio Ministerio. En otras palabras, el investigador depende orgánica y jerárquicamente del investigado.
Además, la composición de este organismo no cuenta con profesionales del sector del transporte, por lo que se obvia el necesario punto de vista de quienes trabajan en él a diario, eliminando la pluralidad.
En cuanto a los posibles procesos penales, el poder judicial puede interferir según el texto en la investigación técnica de un accidente incautando pruebas y declaraciones para abrir una diligencia, lo cual supone un atentado contra los principios de cultura justa reconocidos por OACI (Organización Internacional de Aviación Civil) y por ERA (Agencia Ferroviaria Europea), ya que puede propiciar que las personas investigadas no faciliten toda la información por temor a que se abra contra ellos un proceso penal.
El texto tampoco protege las decisiones que los trabajadores del transporte puedan tomar por motivos exclusivamente de seguridad, una protección que debería quedar totalmente blindada si se quieren evitar episodios como el vivido recientemente en Canarias, donde la compañía Canair ha despedido a dos pilotos alegando “falta de confianza”, después de que éstos reportaran falta de seguridad a la hora de sobrevolar espacios afectados por las cenizas volcánicas.
“Los pilotos no pueden tener miedo a ser despedidos si se niegan a acatar una orden que atenta contra la seguridad de sus pasajeros” ha manifestado Óscar Sanguino, presidente de Sepla.
También el colectivo de controladores aéreos se ha visto afectado en los últimos años por varios despidos que a juicio de USCA no estaban justificados, como los llevados a cabo por SAERCO en 2017 contra dos compañeros que, por cuestiones de seguridad, no acataron la orden de la dirección del aeropuerto de Fuerteventura de ampliar el horario de las instalaciones. A pesar de que ambos despidos fueron declarados improcedentes en Sede judicial, la empresa no readmitió alos trabajadores.
La plataforma de Profesionales por la Seguridad en el Transporte seguirá trabajando para que el proyecto de ley definitivo tenga en cuenta los puntos de vista de sus profesionales.
