USCA exige responsabilidades políticas tras la absolución judicial de 131 controladores aéreos
Tras la absolución definitiva por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de los 131 controladores aéreos que habían sido condenados por el supuesto abandono de sus puestos de trabajo en diciembre de 2010, USCA exige responsabilidades políticas a quienes les acusaron e incluso llegaron a decretar el Estado de Alarma por un abandono que ahora se ha demostrado inexistente.
La Justicia ha dado así la razón a un grupo de controladores que, a pesar de haber sido condenados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid por delitos de abandono del servicio, nunca se rindieron y decidieron recurrir la sentencia.
La Audiencia Provincial de Madrid absuelve también a los compañeros que decidieron llegar a un acuerdo con la Fiscalía y autoinculparse para terminar con el calvario que llevaban padeciendo más de diez años, sin ningún tipo de resolución judicial, con nueve cambios de jueces, con constantes presiones y con un incesante linchamiento mediático.
La sentencia, que no tiene posibilidad de recurso, se refiere claramente a un “cierre patronal”, lo cual confirma la tesis defendida por USCA desde el primer momento de que los controladores acusados eran totalmente inocentes, ya que ninguno abandonó su puesto de trabajo, y que fue Aena la que tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo.
La nueva resolución judicial se encuentra en la misma línea que la sentencia emitida en 2014 por el juez de Instrucción de Santiago José Antonio Vázquez Taín, que ya hablaba de ”decisión política” y de “cierre patronal”.
USCA quiere recordar que, tras ese cierre patronal, Aena despidió a un compañero del Centro de Control de Santiago, Marco Enríquez, por lo que ahora exige que se diriman las responsabilidades de quienes tomaron esa decisión claramente injustificada.
Tras más de once años de padecimiento por parte de los controladores acusados de un delito que nunca cometieron, y de manera indirecta por todo el colectivo, USCA está estudiando la posibilidad de emprender las acciones jurídicas abiertas por la publicación de esta sentencia.
