USCA quiere mostrar su preocupación por las presiones que algunas compañías aéreas están ejerciendo en los últimos tiempos sobre los controladores, que a su juicio pueden llegar a comprometer la seguridad aérea, y solicitan a la AESA y al Ministerio de Transportes que tomen las medidas necesarias para impedir que tales presiones se repitan.

El último despropósito en este sentido ha venido de manos de Ryanair, que el pasado 15 de agosto, en pleno paso de la DANA por el Mediterráneo, achacó a los controladores aéreos el bloqueo del aeropuerto de Palma, negando las condiciones meteorológicas adversas que la propia AEMET había anunciado. Su capcioso argumento sostenía que se estaba impidiendo aterrizar a los aviones mientras otros despegaban con normalidad.

Lo que resulta aún más grave es que esta compañía reconoció que estaba tratando de comunicarse con los responsables del control aéreo para revocar una decisión que sólo buscaba salvaguardar la seguridad de los pasajeros.

Tanto pilotos como controladores conocemos el potencial riesgo que ciertos fenómenos meteorológicos entrañan para la seguridad aérea, por lo que rechazamos frontalmente ese tipo de comentarios negacionistas que ponen en duda unas medidas que siempre se toman por seguridad.

Esta misma aerolínea ya se vio envuelta en 2010 y 2012 en dos incidentes en los que sendos aviones declararon emergencia por combustible. La propia CIAIAC (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil) determinó la “inadecuada previsión del consumo de combustible” como uno de los factores contribuyentes, y afirmó que Ryanair “tiende a minimizar la cantidad de combustible con que operan sus vuelos”.

El colectivo de controladores aéreos se ha visto afectado en los últimos años por varios despidos que a juicio de USCA no estaban justificados, como los llevados a cabo por SAERCO en 2017 contra dos compañeros que, por cuestiones de seguridad, no acataron la orden de la dirección del aeropuerto de Fuerteventura de ampliar el horario de las instalaciones. A pesar de que ambos despidos fueron declarados improcedentes en Sede judicial, la empresa no readmitió a los trabajadores.

Como principales garantes de la seguridad aérea, los controladores aéreos solicitamos que las administraciones e instituciones pertinentes establezcan una vigilancia activa para que este tipo de presiones no se repitan, y para que si se producen puedan ser sancionadas.