La justicia da la razón a los controladores en el primer recurso contra las 61 sanciones impuestas en ACC Barcelona y decreta que no hubo abandono del servicio


NOTA DE PRENSA

 

LA JUSTICIA DA LA RAZÓN A LOS CONTROLADORES EN EL PRIMER JUICIO CONTRA LAS 61 SANCIONES QUE ENAIRE IMPUSO EN EL ACC DE BARCELONA Y DECRETA QUE NO HUBO ABANDONO DEL SERVICIO

.- El Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona revoca totalmente la sanción impuesta por Enaire a un controlador del ACC Barcelona y rechaza la acusación de abandono del servicio mantenida por el ente público.
.- Tras el archivo de las diligencias penales por los mismos hechos, la primera sentencia dictada sobre las 61 sanciones disciplinarias impuestas por Enaire en el ACC Barcelona declara la ausencia de abandono del servicio.

.- El letrado de la mayoría de los controladores sancionados denuncia falsedad en los documentos aportados por Enaire para fundamentar sus acusaciones contra los trabajadores.

Madrid, 1 de febrero de 2016

Los controladores aéreos han ganado el primer recurso presentado contra las 61 sanciones impuestas por Enaire en el ACC Barcelona por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010. En sentencia firme, el Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona establece la inexistencia de abandono del servicio del controlador sancionado, revoca totalmente la sanción impuesta y rechaza las acusaciones formuladas por la empresa.

Después de que el Juzgado de Instrucción nº 7 de Gavá (Barcelona) archivara las diligencias penales, al decretar que no hubo delito de abandono del servicio por parte de los controladores del ACC Barcelona, Enaire impuso 61 sanciones a los trabajadores de este Centro por falta muy grave, por los mismos hechos.

El pasado 29 de enero, el Juzgado de Social nº10 de Barcelona dictó la primera sentencia de los juicios celebrados, tras ser interpuestos los recursos, y constató la ausencia de abandono de servicio del controlador sancionado, rechazando las acusaciones formuladas por la empresa.

A pesar de ello, Enaire persiste en mantener el resto de las sanciones impuestas pendientes de juicio, lo que obliga a los trabajadores sancionados por las mismas circunstancias a seguir yendo a los tribunales, después que ya fueran declarados inocentes tanto en la vía penal por el Juzgado de Instrucción competente, como en la administrativa por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Sindicato que representa al 90% de los controladores aéreos del ente público Enaire y a los sancionados en el ACC Barcelona, manifiesta su absoluto rechazo a la actitud de la empresa de seguir responsabilizando a los trabajadores del cierre del espacio aéreo de diciembre de 2010, que sólo pudo decretar el entonces ente público Aena.

Además, USCA expresa su inquietud ante las alegaciones, efectuadas en sede judicial por el letrado de los sancionados, sobre la falsedad de documentos aportados por Enaire en estos juicios y por el hecho de que algunos datos relevantes fueran eliminados en otros documentos aportados por el ente público a diversos juzgados.

En los últimos cinco años, USCA ha reiterado la falta de veracidad de la información aportada por el ente público a los juzgados encargados de resolver sobre la responsabilidad de los controladores aéreos en el cierre del espacio aéreo decretado por Aena en diciembre de 2010.

En este sentido, el Tribunal Supremo admitió (en base a argumentos sobre la falsedad documental aportada por el ente público) el recurso extraordinario de revisión presentado contra la sentencia que confirmó el despido de un controlador de Santiago por los hechos de 2010.

A pesar de que 20 juzgados han cerrado o sobreseído en los últimos cinco años las causas abiertas contra los controladores, Enaire persiste en afirmar que el cierre del espacio aéreo se produjo por el abandono de sus puestos por parte de los controladores aéreos.

Esta versión es la que mantiene en las diligencias penales abiertas aún en Madrid y en Palma de Mallorca, lo que sigue obligando a los controladores aéreos a continuar demostrando, juicio a juicio, que el cierre del espacio aéreo fue decretado por quien únicamente podía hacerlo: el entonces ente público Aena (hoy Enaire).

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