El 28 de octubre el diario El Mundo abrió su portada con el siguiente titular: “La NSA espió 60 millones de llamadas telefónicas en un solo mes” y explicaba cómo y de qué forma la Agencia Nacional de Seguridad había llevado a cabo esas “escuchas ilegales” contra dirigentes políticos españoles, profesionales y ciudadanos en general. La denuncia del diario madrileño consiguió que todos los estamentos levantaran la voz contra la intromisión de los norteamericanos y sus espías en la seguridad de nuestro país.

Rápidamente me vino a la memoria algo similar que publicó, también en portada, ese diario de tirada nacional. Fue, primero, el 19 de diciembre de 2010 y decía: “Rubalcaba ordenó al CNI pinchar los móviles de los controladores”. El subtítulo de aquella noticia en exclusiva iba aún más lejos y explicaba el cuándo y el cómo: “El operativo se puso en marcha el 4 de diciembre tras declararse el estado de alarma de acuerdo con lo dispuesto en dos notas internas del Centro (se refería al Centro Nacional de Inteligencia)”.

Días después, el 10 de enero de 2011, el mismo diario y también en portada, iba más lejos con respecto al espionaje a que fueron sometidos los controladores aéreos por parte del entonces ministro del Interior: “El CNI revela a Rubalcaba datos personales de los controladores”.

Tres sumarios de la propia portada aportaban una serie de datos fundamentales sobre aquellas operaciones, totalmente irregulares e ilegales.

El primero de esos sumarios decía: “Los servicios han investigado las vidas, actividades y propiedades de los líderes sindicales Cabo, Cela y Zamit”. El segundo era aún más conciso y concreto: “Han entregado al vicepresidente (hay que recordar que en aquella época Rubalcaba tenía las carteras de Interior, vicepresidencia y además era el portavoz del Gobierno) un dossier sobre el abogado de USCA, Francisco Maroto, sometido a especial seguimiento”. Y el tercero y último de los destacados rezaba: “Interior abre una investigación paralela para averiguar quién alertó a El Mundo sobre la actuación del CNI en el conflicto”.

En esta ocasión, las voces de los medios de comunicación y de los políticos, en general, no se levantó con la misma intensidad que el pasado día 28 de octubre, cuando supimos que los españoles habían sido escuchados y grabados por los espías norteamericanos.

Años después de aquellos hechos las preguntas serían: ¿Qué hizo el señor Pérez Rubalcaba con aquella información que obtuvo de forma irregular? ¿Por qué no actuó la Justicia ante una denuncia tan directa y concreta?

Y queda una última pregunta: ¿Qué ocurrirá cuándo los controladores aéreos vuelvan a reclamar sus derechos y se sientan a negociar su próximo convenio? ¿Volverán a ser espiados por los mismos agentes que un día sirvieron a otro Gobierno?

La respuesta la conoceremos tras la publicidad.

Una interpretación del caos aéreo desde la barrera

Javier Chicote

Un día indeterminado de los primeros meses de 2011, poco después del caos aéreo del 3 de diciembre de 2010, viajé a Sevilla junto a un amigo periodista para visitar a una fuente de información. El principal propósito del periplo nada tenía que ver con el asunto que ahora nos ocupa, pero aprovechamos el viaje para escuchar a un grupo de controladores aéreos que, obviamente, estaban muy preocupados por la imagen que de ellos se había dado tras los episodios que derivaron en la declaración del estado de alarma por primera vez en nuestra actual democracia. La opinión pública estaba claramente posicionada contra los controladores, que supuestamente habían abandonado su puesto de trabajo y habían amargado la existencia a cientos de miles de españoles.

A la hora de dibujar al malo de una película es muy importante dotarlo de una serie de características que lo hagan desagradable. En este nuestro país, ¿qué está mal visto? Ganar dinero, aunque no lo hayas robado. Es el fruto de la envidia patria. El entonces ministro de Fomento ya había sacado a relucir el asunto del sueldo de los controladores tiempo antes del caos aéreo, concretamente en enero de 2010. Dijo que había que reducirles el salario “hasta una media de 200.000 euros anuales”, partiendo de los “350.000” que cobraban en ese momento (intuyo que en esas cifras el ministro se refería al costo empresa, es decir, el sueldo del trabajador bruto más lo que paga AENA a la seguridad social por cada empleado, aunque no lo dijo). Simplificando, el país estaba en vilo, la gente tirada en los aeropuertos por culpa de unos indeseables millonarios que abandonaron su puesto de trabajo porque querían mantener sus privilegios. Esto agravado por el momento de crisis económica generalizada.

En el café de Sevilla, uno de los controladores dijo “yo no me avergüenzo de mi sueldo ni lo oculto: el año pasado gané 180.000 euros”. Yo no sé cuánto debe ganar un controlador, aunque como contribuyente sí creo que esas cifras son muy altas para una empresa pública. Éste sería un debate, pero más allá hay una realidad incontestable: el primer responsable de la cuantía de un salario es el pagador, AENA, el Gobierno. Si a mí mañana me convocan el director de mi periódico y el jefe de Recursos Humanos y me dicen que me van a pagar 200.000 euros al año porque yo lo valgo, porque lo negocio o por lo que sea, lo acepto con los ojos cerrados. Y si eso es excesivo, el consejo de administración de la empresa tendrá que pedirle cuentas a los responsables de la gestión, no desatar una campaña contra “el sinvergüenza del trabajador que gana una pasta”.

Hay una segunda realidad incontestable: la mayor parte de los operarios habían realizado el máximo de horas previstas en el Convenio y AENA se quedaba sin controladores, por eso el Consejo de Ministros del 3 de diciembre de 2010 tiró de decreto-ley y cambió el cómputo de horas, un pulso en toda regla a los controladores. Si una empresa se queda sin trabajadores un mes antes de acabar el año, digo yo que el error de cálculo o la falta de medios humanos será responsabilidad de esa empresa, no del trabajador. No voy a aplaudir las bajas que causaron cientos de controladores la fatídica tarde del 3 de diciembre, pero tengo bien claro quién fue el primer responsable de aquella situación: AENA. El bueno de Alberto Flores, que en el caso Filesa purgó sus penas y, sobre todo, las de otros que ni se despeinaron, siempre me dice “Javier, el mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio”.

El de Sevilla fue mi primer encuentro con controladores aéreos. De los posteriores, de la consulta de otras fuentes y de la observación crítica de la realidad, me atrevo a sacar una conclusión: AENA quería privatizar una buena parte de sus activos. Importantes grupos constructores y de servicios estaban interesados y ya se sabe que cuando un inversor compra un edificio, éste vale más si no tiene “bicho” dentro, por eso había que meterle mano a los controladores. El primer paso era  ponerlos en la diana.