Los 83 controladores de Baleares acusados por el caos aéreo de 2010 han realizado esta mañana el último pago de las indemnizaciones acordadas a los perjudicados, que ascienden en conjunto a 15 millones de euros, y la mayoría se adherirá a un pacto con la Fiscalía por el que reconocerán un delito de abandono de funciones públicas y asumirán una multa para evitar ir a juicio

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