LOS CACAS
Cuenta el economista y ex secretario de trabajo de la Administración Clinton Rober Reich en el documental «Inequality for all» que no existe tal cosa como el «mercado libre». Todos los mercados están regulados en mayor o menor medida. También el mercado de trabajo. Estas regulaciones favorecen en algunas ocasiones los intereses de un sector y en otras de otro. Razón de ser de los lobbies.
Un claro ejemplo de todo esto ha sido el proceso de liberalización del servicio de control de torre iniciado por Blanco y el PSOE en 2010. A estas alturas todo el mundo
Las relaciones de los controladores con la administración siempre han sido difíciles debido básicamente al ataque constante por parte los gestores. La situación del control en la España tardofranquista era crítica, las condiciones laborales eran literalmente tercermundistas: controladores durmiendo sobre mesas por no tener ni sofás, turneros impensables en Europa y casi la totalidad de la plantilla pluriempleada para poder llegar a final de mes. Si la seguridad se basa en dos pilares fundamentales como son el humano y el técnico, podemos decir que el éste último no estaba necesariamente mejor que el primero. No todos los centros de control tenían radar, el alcance radio era realmente corto existiendo numerosísimas zonas ciegas y siendo habitual sobre todo en Barcelona que el controlador francés llamase para alertar de conflictos, ya que las trazas de los aviones no aparecían en el Fir Barcelona. Todas las quejas presentadas fueron obviadas entendiendo el cuerpo de control que ninguna reivindicación sería atendida en una dictadura militar y más estando adscritos al Ministerio del Aire.
La llegada de la democracia supuso grandes expectativas en el seno de control. Con la reestructuración de ministerios y después de los incidentes de agosto del 76, el cuerpo de control fue adscrito al Ministerio de Transportes y Turismo. Las expectativas no se cumplieron.
La llegada del felipismo fue mejor acogida aún que la propia democracia cinco años antes. Un gobierno de izquierdas, cercano al pueblo y a sus trabajadores era la solución para todos los males. La desilusión, nuevamente, fue exponencialmente proporcional a las falsas expectativas. Después de miles de desplantes, de expedientes absurdos (especialmente significativo el de la famosa cena en Barcelona donde misteriosamente se perdieron las pruebas que exculpaban a los controladores), de promesas incumplidas (como el Contencioso de Palma), descrédito público (el ministro Barón llamando a los controladores “terroristas del micrófono”) el derecho a la huelga parecía la única solución. La respuesta de la administración fue nombrar unos servicios mínimos equiparables a los servicios habituales. Después de la crisis de la Semana Santa del 85, viendo que los controladores estaban muy desunidos pero que empezaban a tomar forma las distintas plataformas sindicales en pos de una unión, la administración se preparó para dar lo que pretendía fuese un golpe de gracia al cuerpo de control, la creación de un cuerpo paralelo.
La idea era fácil y sencilla, seleccionar a españoles mayores de 21 años, que pasasen el reconocimiento médico, no tuviesen antecedentes penales y estuviesen en posesión de al menos tres años de cualquier carrera reconocida por el MEC. Estos alumnos, a los que se les pedía en el proceso de selección lo mismo que a los controladores, salvo Derecho Constitucional para no tener la opción de ser funcionarios, entrarían en la misma escuela de control que los antiguos, con los mismos profesores, con los mismos medios, con el mismo plan de estudios y con la misma duración. Es decir, habían inventado los controladores low cost, ya que estos alumnos no tenían la condición de funcionarios, ni vínculo laboral alguno con la administración. La idea era ir contratándolos temporalmente allí donde hiciesen falta por un precio sensiblemente inferior al existente. La administración había parido de golpe unos controladores igual de preparados que el resto con los que no tenía ninguna obligación contractual y que poco a poco estaban llamados a sustituir a los existentes, mucho más caros y conflictivos. Fueron siete las promociones de estos CCCAC. No recuerdo las siglas, pero la gente los llamó despectivamente cacas.
La llegada de estos controladores a las dependencias como es de suponer fue muy tensa, ya que no fueron recibidos con agrado. El antídoto lo manejó muy bien Juan María García Gil. Había que ganarse a los cacas y lanzarlos contra la administración, de tal modo que el arma arrojadiza se volviese contra ellos, de este modo la administración consiguió casi doblar el número de sus oponentes. La medida de García Gil fue todo un éxito y si la unión hace la fuerza el número también ayuda. Durante años se reclamó aumentar el número de controladores y la administración siempre fue reacia, con una medida dirigida a acabar con los controladores se consiguieron dos cosas, aumentar su fuerza y cumplir, aunque fuese sin querer, con una vieja reivindicación del cuerpo.
Los cacas se integraron sin ningún problema, llegaron a ser un número importante dentro del colectivo, ya hay alguno en la LER y en la RA, y en la anterior junta directiva tanto el presidente como el vicepresidente fueron cacas.
