Comunicado conjunto USCA–CCOO sobre la situación de SAERCO
USCA y CCOO, sindicatos mayoritarios en el ámbito del control del tránsito aéreo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave situación que atraviesa el proveedor privado SAERCO y las repercusiones que esta puede tener sobre la seguridad operacional, la continuidad del servicio y los derechos laborales del personal de control aéreo.
La reciente Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional SAN 95/2025 (procedimiento nº 142/2025) recoge que la propia empresa reconoció en sede judicial su imposibilidad de cumplir con las condiciones salariales establecidas en el Laudo Arbitral de obligado cumplimiento, aduciendo que su aplicación la llevaría a la quiebra. Este hecho pone en cuestión su capacidad para cumplir con el principio de sostenibilidad económica, uno de los requisitos esenciales que establece la Ley 9/2010 para la prestación de servicios de tránsito aéreo.
Recordamos que la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea y la Ley 9/2010 obligan a que dichos servicios se presten de forma segura, eficaz, continuada y económicamente sostenible. Cualquier incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a la revisión o retirada de la certificación como proveedor ATS por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
En este contexto, USCA y CCOO solicitamos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, en coordinación con AESA, aplique la normativa vigente que regula el sector, a fin de garantizar tanto la prestación ininterrumpida de un servicio público esencial como el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el Laudo Arbitral. Consideramos imprescindible que las autoridades competentes asuman su responsabilidad y adopten las medidas necesarias para preservar la seguridad operacional, la continuidad del servicio y los derechos de los trabajadores.
Especialmente preocupante es la situación en los aeropuertos canarios, donde la insularidad convierte el transporte aéreo en un recurso esencial no solo para el turismo, sino para garantizar el acceso de la ciudadanía a servicios básicos como sanidad, educación o atención social.
Como organizaciones sindicales, tenemos la obligación de defender los derechos laborales y la responsabilidad profesional de alertar cuando la sostenibilidad de un servicio esencial entra en riesgo. La continuidad de esta situación sin una intervención decidida podría comprometer gravemente la seguridad operacional y el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos.
USCA y CCOO instamos a las autoridades a actuar con la celeridad y contundencia que este asunto requiere. La falta de actuación comprometería gravemente la seguridad operacional, el derecho a la movilidad ciudadana y los derechos laborales de los controladores, obligándonos a valorar nuevas iniciativas sindicales en defensa de estos principios.
